Recientemente en Turquía se presentó para su consideración un proyecto de ley que prevé la introducción de sanciones contra servicios digitales populares de venta de juegos si sus propietarios se niegan a cooperar.
A las plataformas con una audiencia que supera un determinado umbral de usuarios diarios (como Steam o Epic Games Store) se pretende exigirles que «abran oficinas oficiales en Turquía y designen representantes locales».
Según el proyecto de ley, todos los juegos que se vendan a usuarios turcos deberán contar con clasificaciones por edad de sistemas reconocidos, como PEGI o ESRB. Los juegos sin una clasificación de edad clara quedarán «prohibidos para la venta [a usuarios] con IP turca».
Además, el proyecto de ley supone que la Autoridad Turca de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones será el organismo principal responsable de supervisar el contenido de los juegos y «obtendrá el derecho de exigir la introducción de cambios o la eliminación total de juegos problemáticos». Aparte de eso, deberá recibir el derecho de solicitar a la plataforma datos de los usuarios y registros técnicos «alegando interés público o consideraciones de seguridad infantil».
Si las plataformas se niegan a obedecer, se enfrentarán a restricciones: podrían ser ralentizadas (limitando la velocidad de acceso en un 90%), lo que las haría prácticamente inutilizables:
Con una velocidad de descarga tan reducida, la descarga de un juego moderno de 100 GB puede tardar meses, lo que hace que esta medida sea equivalente a una prohibición total.
Los expertos señalan que alrededor del 60% de los juegos en Steam no tienen una clasificación oficial por edad; es decir, en perspectiva, Steam turco y otros servicios podrían perder muchos proyectos (en esta región). Además, los posibles gastos en representaciones locales pueden llevar al abandono total de los precios regionales.