El movimiento Stop Killing Games, que surgió después del cierre de los servidores de The Crew, se ha enfrentado a serios obstáculos. A pesar del apoyo de los jugadores y la campaña "Es hora de demandar a Sony", los expertos dudan que la iniciativa logre cambios en la legislación.
La especialista en política de videojuegos, Saeila Pontin de Flux Digital Policy, considera que las demandas de los jugadores son legalmente complejas. El principal problema es que las compras digitales modernas a menudo se consideran una licencia temporal de acceso, y no la adquisición de la propiedad del juego.
La situación se complica por la estructura de los juegos modernos. Según Pontin, combinan muchos objetos de derechos de autor: código, música, voces de actores y gráficos. Por lo tanto, la demanda de transferir los juegos cerrados a la comunidad o permitir servidores privados crea serias barreras legales.
Las autoridades europeas están discutiendo el problema del cese de los servicios digitales, pero la resistencia de los editores y la complejidad de la legislación hacen que la victoria de los jugadores sea poco probable.