En Pensilvania se propuso una ley que podría obligar a los editores de videojuegos a advertir a los jugadores con al menos 60 días de antelación antes de suspender el acceso a un juego comprado. El iniciador de la Ley Protect Our Games fue el senador John Kane. El documento aún no ha sido presentado oficialmente para su consideración en el Senado estatal.
Según el memorándum publicado en el sitio web del Senado, si una empresa tiene la intención de dejar de dar soporte a un juego digital o modificar sus funciones de tal manera que el acceso a él sea limitado, deberá notificar a los compradores con antelación. Después de esto, se propone que el editor oferte a los jugadores al menos una de tres opciones.
La primera es la posibilidad de seguir jugando sin conexión. La segunda es lanzar un parche que permita usar el juego en línea independientemente de los servidores oficiales y los servicios de red de la empresa. La tercera opción es un reembolso. Su importe debe corresponder al precio máximo al que se vendió la versión digital del juego durante los 12 meses anteriores al cese del servicio, y la cantidad no puede ser inferior al 25% del coste original del juego.
Los requisitos no se aplican a los servicios de suscripción, donde el acceso al juego se concede inicialmente solo durante el período de validez de la suscripción. También se prevén excepciones para algunos juegos gratuitos y proyectos cuyo acceso el vendedor no puede revocar después de la compra, por ejemplo, si el juego se proporcionó para su descarga y uso permanente sin conexión.
En el memorándum, Kane relaciona la iniciativa con el problema de la propiedad digital de los juegos. En su opinión, la compra de una versión digital a menudo significa de hecho la adquisición de una licencia de uso, y no una copia permanente del juego. El senador menciona por separado el anuncio de Sony de dejar de producir discos de juegos para PlayStation a partir de 2028.