Otro país quiere obligar a los editores a preservar los juegos digitales después del cierre de los servidores

Ubisoft unió literalmente a la comunidad mundial de jugadores en la lucha por sus derechos.

México podría convertirse en otro país donde los legisladores intentan fortalecer los derechos de los compradores de juegos digitales. El senador y presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas, junto con la diputada Iraís Reyes, presentaron una iniciativa que propone modificar las reglas de venta de productos digitales y establecer garantías adicionales para los consumidores. El proyecto de ley fue publicado en el sistema parlamentario el 2 de septiembre y actualmente está siendo revisado por las comisiones pertinentes del Senado.

Una de las ideas principales de la iniciativa es obligar a los vendedores a explicar de antemano y de la manera más clara posible qué es exactamente lo que el comprador adquiere. Antes del pago, la empresa deberá indicar la categoría legal de la adquisición digital, informar si se trata de una propiedad digital completa o una licencia de uso, y explicar las condiciones de una posible terminación o revocación del acceso. Además, se deberá advertir al comprador si el producto requiere una conexión a internet constante para funcionar y qué sucederá después del cese definitivo del soporte técnico.

Para los productos digitales vendidos bajo una licencia perpetua y que requieren conexión a servidores, el proyecto de ley propone introducir el llamado «derecho a la preservación funcional». Si la empresa desconecta definitivamente los servidores necesarios, deberá, en la medida en que sea técnicamente posible y lo permitan los derechos de terceros, proporcionar herramientas o parches que permitan continuar ejecutando el producto localmente.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, la simple desconexión de los servidores no sería suficiente si, después de esto, el comprador pierde completamente el acceso a un juego ya adquirido.

Los autores del proyecto de ley también prevén excepciones: la obligación no se aplicará cuando la preservación sea imposible por razones técnicas o infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros.

La iniciativa también aborda la responsabilidad de las tiendas digitales ante los consumidores mexicanos. Según los medios mexicanos, los autores proponen obligar a las plataformas digitales extranjeras que venden productos en el país a tener una dirección mexicana o un representante legal a través del cual las autoridades locales puedan presentar reclamaciones en caso de violación de los derechos del consumidor.

Se propone que los términos de uso y los acuerdos de licencia para productos digitales se consideren contratos de adhesión, y que la revocación masiva y unilateral del acceso a productos digitales adquiridos sin mecanismos de preservación, compensación o reembolso se considere una infracción grave.

Para Colosio Riojas y Reyes, este no es el primer paso en la disputa en torno a la transición de la industria del juego al modelo digital. En agosto, presentaron una queja ante el organismo antimonopolio mexicano contra Sony Interactive Entertainment en relación con los planes de la compañía de dejar de producir juegos físicos para PlayStation a partir de 2028. Según los legisladores, tal transición podría reducir las opciones de compra disponibles para los consumidores y aumentar la dependencia de la tienda digital de Sony.