Sony no se considera obligada a compartir con los compradores de PlayStation 5 los fondos que la compañía espera recibir del gobierno de EE. UU. como reembolso de los aranceles de importación pagados anteriormente. Así lo declararon los abogados de Sony Interactive Entertainment en el marco de un litigio iniciado por jugadores estadounidenses.
Ya en julio, Sony informó a los inversores que esperaba recibir del gobierno de EE. UU. aproximadamente $508 millones en concepto de reembolso de aranceles. La mayor parte de esta suma, según el director financiero de la compañía, debería corresponder a la división de juegos.
El motivo de la disputa judicial fueron los aranceles de importación introducidos en EE. UU. en 2025. Después de que en febrero de 2026 el Tribunal Supremo de EE. UU. declarara ilegales los aranceles correspondientes, las empresas comenzaron a buscar el reembolso de los fondos pagados.
Sin embargo, los jugadores creen que parte de ese dinero debería regresar a ellos. En mayo, un grupo de compradores presentó una demanda colectiva contra Sony, alegando que la compañía en realidad recibió una doble compensación: primero mediante el aumento de los precios de la PS5, y luego mediante el reembolso de los aranceles por parte del gobierno estadounidense.
Sony no está de acuerdo con esto. En una moción para desestimar la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, los abogados de la compañía declararon que la compra de un producto a un precio establecido por sí misma no constituye un daño legalmente significativo. En su opinión, los consumidores adquirieron voluntariamente las consolas al precio indicado y no pueden reclamar una compensación solo porque la estructura de costos del fabricante cambió posteriormente.