Funcionarios británicos coinciden en que los derechos de los jugadores a poseer juegos deben respetarse, pero no van a hacer nada para protegerlos
Los diputados se reunieron, discutieron la petición Stop Killing Games y se dispersaron.
En el Parlamento británico se celebraron debates sobre la petición de la campaña Stop Killing Games, que recogió casi 200.000 firmas. El gobierno confirmó que no tiene intención de modificar las leyes de protección del consumidor existentes.
En los debates, decenas de diputados de la Cámara de los Comunes argumentaron la necesidad de revisar la protección de los consumidores en el ámbito de los videojuegos. La diputada de Colchester, Pam Cox, señaló que las leyes actuales no protegen suficientemente a los jugadores.
El movimiento Stop Killing Games subraya la creciente frustración de los jugadores cuyas compras simplemente desaparecen. Es obvio que la responsabilidad digital debe respetarse, y los editores están obligados a proporcionar formas de preservar o reparar los juegos incluso después de que finalice el soporte oficial.
Mark Sewards, diputado de Leeds y Morley, citó ejemplos: The Crew de Ubisoft, Anthem de EA, Babylon’s Fall de PlatinumGames y LawBreakers de Cliff Bleszinski. Señaló que tales prácticas podrían infringir las normas de comercio justo, y propuso una solución sencilla: total transparencia en la compra y garantías por parte de los desarrolladores para asegurar un modo offline o servidores privados.
En respuesta, la ministra de Deporte, Turismo, Sociedad Civil y Juventud, Stephanie Peacock, reconoció el descontento del público, pero señaló que el gobierno tiene en cuenta las preocupaciones de la industria: los juegos online son servicios dinámicos que requieren enormes inversiones durante años. El soporte después de la finalización puede ser «extremadamente complicado» y acarrear consecuencias no deseadas.
Peacock señaló los riesgos de transferir los servidores a los jugadores: comerciales, legales y relacionados con la seguridad debido a la falta de moderación. Recordó que los juegos se licencian, no se venden.
La campaña Stop Killing Games exige a los legisladores que introduzcan normas que prohíban a los editores "destruir" los videojuegos vendidos. En particular, se opone a la desconexión de los servidores sin ofrecer alternativas offline para los jugadores que han invertido dinero. Como ejemplos se citan los casos de The Crew, Concord y MultiVersus.
